Por: Deisy Viana

Señalar que la COVID-19 fue el detonante para incrementar los índices de violencia en todas sus formas sería una irresponsabilidad, si se aprecia en la recomendación para evitar el contagio y propagación del virus mediante el aislamiento en los hogares desde otra perspectiva. La cuarentena ha sacado a la luz pública la cruda realidad de la violencia de género y el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, comprendiendo que donde hay una mujer maltratada existe una elevada probabilidad de que los más vulnerables en la familia también resulten víctimas de dicho maltrato, es lo que se conoce como la "escalera de la violencia familiar"

Para muchos, el problema es la ejecución de las políticas de protección de los derechos de las mujeres, las deficiencias en la institucionalidad, las leyes que rigen la materia... Si bien es cierto que loa Estados están en el deber de atender y garantizar la protección de las mujeres contra la violencia, surge la interrogante: ¿cómo puede hacer el Estado para ingresar a cada hogar y conocer la situación de violencia de género en cualquiera de los veintiún tipos que categoriza el artículo 14 de la Ley de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia?

Ver como normal cualquier forma de maltrato, asumirlo como "algo que hay que dejar pasar para evitar problemas mayores" ha sido el mayor problema en la cuarentena que logró detonar el cúmulo de presiones desvaneciendo los mínimos niveles de tolerancia necesarios para sobrellevar la sana convivencia.

Una medida de prevención que dejó en evidencia pública y notoria que la violencia en los hogares debe ser atendida con premura y desde lo local a través de la corresponsabilidad, porque los expertos y estadistas comparan las cifras extraordinarias entre ciudades y países, pero la comunidad que conociendo los casos de sus espacios guarda silencio ante el maltrato que pudiera más adelante contarse como otro femicidio.

Si logramos simplificar aún más las alternativas para disminuir los riesgos que implica la violencia de género, entonces la mujer debe asumir su rol como la protagonista de su propia vida, escapar de sus propios miedos y tabúes para empoderarse del derecho a la denuncia que le otorgan los preceptos legales, anteponiendo su dignidad, su autoestima y el derecho a establecer una familia fundamentada en valores para la sana convivencia.

Es un problema social y multifactorial que nos incumbe a todos y todas, más allá de las concepciones feministas y movimientos ideológicos, se trata de vidas y el reto que nos exige el momento socio histórico económico y político de la actualidad es ampliar la mirada desde nuestra cotidianidad para enrumbar correctamente el futuro de nuestras próximas generaciones.

Es una lucha que deben sostener hombres y mujeres para lograr la sensibilización más allá de la conmemoración de una fecha, el grito de una consigna o cambiar al femenino cualquier término para darle "enfoque de género", se trata de comprender la realidad que cada quien vive desde la puerta de su hogar hacia adentro, para que la normalización de la violencia en cualquiera de sus formas no merme los derechos al disfrute de una paz que solo se puede construir en unidad.