Por: Jessica Dos Santos
Misión Verdad.
México y Colombia son los países de América donde más periodistas han sido asesinados desde el año 2000. Sin embargo, algunas transnacionales de la información insisten en mostrar a Venezuela como la nación más peligrosa para el ejercicio de esta profesión.
A confesión de partes
Según el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) México,
Colombia y Honduras se han convertido en los países más peligrosos para
la prensa. En especial, si a los periodistas se les ocurre denunciar las
violaciones a los derechos humanos, el accionar del crimen organizado
en sus distintas modalidades, la corrupción y hasta las injerencias de
corporaciones o gobiernos extranjeros.
En México, que encabeza la lista, han asesinado a 81 periodistas entre enero del 2000 y septiembre del 2014. Sigue Colombia
con 56 casos y Honduras con 27. En este último país, lo reconoce la
propia RSF, los homicidios contra periodistas se dispararon tras el
golpe de Estado (patrocinado por EEUU) contra el presidente Manuel
Zelaya en el año 2009.
En Palestina, Libia, Siria, Ucrania, Irak y Afganistán también se registra una elevada cifra de ataques a periodistas que intentan contar la realidad de sus países constantemente atacados por Norteamérica, Israel y demás potencias occidentales.
La organización manifestó su preocupación por las cifras porque
asegura que “ninguno de estos países está en guerra”, refiriéndose a los
casos Colombia y México. Sin embargo, el conflicto armado que vive
Colombia desde hace más de 50 años o la existencia de un narco-estado en
México se asemeja bastante a una.
Incluso en Colombia las denominadas “Bandas criminales emergentes” o
“Bacrim” declaran a los periodistas “objetivo militar” y les dan un
plazo de 24 horas para salir de sus ciudades. De hecho, la Defensoría
del Pueblo (de Colombia) reconoció que en lo que va del 2014 se han
conocido 93 casos de periodistas amenazados, 51 más que en 2013.
Tan comunes son estos casos que las denuncias son estudiadas por una
mesa de riesgo del Ministerio del Interior de Colombia, instancia que
decide a quién y qué tipo de protección asigna (chalecos antibalas,
teléfonos, vehículos de protección, personal de escolta, etc). Pero la
propia Defensoría advierte que durante el plazo de 30 días hábiles, que
se toman para elaborar esta evaluación, a algunos periodistas les “llega
su hora”.
Además tanto en México como en Colombia casi todos estos crímenes
permanecen impunes hasta la fecha precisamente debido a la falta de
voluntad política y de un sistema judicial eficiente.
Algo similar ocurre en Paraguay, donde recientemente asesinaron a tres periodistas, incluido un corresponsal del ABC Color (el
diario del establishment paraguayo, no exactamente un medio a
contracorriente) por denunciar el narcotráfico regional y las trampas
del poder legislativo y judicial.
En el ranking de esta lista no aparece Venezuela y no porque
Reporteros Sin Fronteras (RSF) sea amigo del Gobierno Bolivariano, sino
porque sencillamente no tiene nada que decir.
De hecho, esta organización (una organización que por cierto cooperaba
con el Center for a Free Cuba, de Washington, creado y manejado por
Frank Calzon, connotado agente de la CIA, y financiada por la USAID,
para infiltrarse y desestabilizar naciones) atacó a nuestro país durante
las guarimbas, afirmando que los periodistas eran “agredidos” por la
GNB.
Sin embargo hay que recordarle a RSF que durante esas manifestaciones
violentas la única periodista asesinada fue la joven Adriana Urquiola, a
quien le quitaron la vida cuando intentaba pasar una barricada colocada
por los guarimberos (incluyendo a 15 encapuchados) en la carretera
Panamericana a la altura de la urbanización Los Nuevos Teques del estado
Miranda.
Antes de este hecho, el último caso tipificado y resonado de un
periodista asesinado en Venezuela fue el del ancla de la extinta RCTV,
Javier García, aunque esta muerte nada tuvo que ver con el ejercicio del oficio, mucho menos con una presunta “persecución” del Gobierno.
“El Gobierno de Venezuela ha detenido periodistas extranjeros y
amenazado y expulsado medios de comunicación internacionales en
funcionamiento en Venezuela y la organización internacional no
gubernamental Freedom House declaró que el 'clima de los medios de
comunicación en Venezuela está impregnado de intimidación, algunas veces
incluyendo ataques físicos, y es común una fuerte retórica contra los
medios de comunicación'”, reza la Ley 2014 para la Defensa de los
Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela, el documento de las sanciones contra dirigentes y funcionarios del Gobierno recientemente levantado por el Congreso de los Estados Unidos.
Es evidente que esa preocupación no la manifestarán con tanto apremio
respecto a los casos Colombia y México. Que este sea uno de los
objetivos diligentemente reseñados por esa ONG que lleva por nombre Freedom House
–la que ha entrenado y dotado logísticamente a la gran mayoría de ONG
de “derechos humanos” y cuanto “observatorio” sea necesario para
levantar el expediente contra Venezuela Bolivariana– en el país del
libertinaje mediático y el pornoperiodismo por excelencia, no resalta
precisamente su preocupación por los derechos humanos de periodistas y
comunicadores.
Tampoco es de asombrase que ese silencio y ese doble rasero también
destaque que la falta de preocupación por México y Colombia se deba a
que son territorios conquistados y bajo su control.
He allí las diferencias.