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De acuerdo con el guion, la Asamblea Nacional en desacato debió aprobar el martes 10, tan pronto tuvo la oportunidad, la solicitud de enjuiciamiento del presidente Nicolás Maduro, formulada por el Tribunal Supremo "en el exilio". Pero no lo hizo. Al menos por el momento,  desacató también esas instrucciones venidas desde el extranjero. ¿Por qué ha actuado de esa forma?
 


El presidente de la AN, Omar Barboza, se puso exigente con las formalidades reglamentarias. Dijo que el Parlamento discutirá el tema cuando llegue la solicitud.

Barboza expresó que “esta Asamblea tiene toda la intención de tratar el tema, pero las estipulaciones de la Constitución deben cumplirse a cabalidad”. La postura legalista del diputado de Un Nuevo Tiempo puede parecer un chiste, si se considera que la "sentencia" fue dada, firmada y sellada en Bogotá, en un salón de sesiones del Senado de Colombia y con Álvaro Uribe entre los anfitriones.

¿Por qué no llegó el "oficio"? Es algo inexplicable, sobre todo si se considera que tanto el "TSJ en el exilio" como la "fiscal en el exilio" fueron muy diligentes al despachar en un par de jornadas la acusación contra Maduro. Fue un trámite realmente sumario, al punto que citaron a Maduro a Bogotá, y como él, naturalmente, no fue, le designaron un defensor en ausencia.


Unos bromistas, que nunca faltan, dijeron que, como corresponde a un tribunal en el exilio, el documento solo puede llegar a Caracas a través de una red clandestina para que no sea interceptado por los esbirros de la dictadura. “Debe venir ahora mismo por Barquisimeto o San Carlos”, especularon. Otros, no menos humorísticos, dijeron que el mensajero encargado de traer el oficio cometió el error de comprar el pasaje por Copa, la línea aérea panameña cuyos vuelos se encuentran suspendidos.

La Dirección Estratégica de Comunicación y Relaciones Institucionales de la AN emitió un comunicado en el que afirma que no se ha recibido formalmente el documento emanado del TSJ en el exilio. “El oficio que se encuentra circulando es una mera copia”, aclara con un tono muy objetivo la referida dependencia.

Rivalidades, para variar

El episodio mostró, una vez más las fisuras existentes en el seno de la oposición. Los grupos Voluntad Popular, Vente Venezuela y Alianza Bravo Pueblo pretendían discutir el tema de inmediato, mientras Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia optaron por el pretexto de esperar por el oficio.

A Alianza Bravo Pueblo le interesa especialmente que la AN apruebe el pretendido juicio, toda vez que su líder, Antonio Ledezma, ha sido designado como “presidente en el exilio”. Aunque el cargo parece metafórico, a algunos personajes dentro de la oposición les causa ataques de celos y les hace ruido que Ledezma pueda aprovechar esa insólita jerarquía para “colarse por los palos” en una eventual sucesión.

Conocedores de la dinámica interna de la maltrecha coalición opositora aseguran que entre quienes creen que Ledezma sacaría provecho de la jugada del juicio está el grupo de Primero Justicia que defiende los intereses de Julio Borges. En AD, en tanto, Henry Ramos Allup tampoco se anima con la idea de  inflar al antiguo dirigente acciondemocratista, cuyas mañas políticas conoce muy bien.

Adicionalmente, son varios los dirigentes contrarrevolucionarios que rechazan esta iniciativa porque implica perdonar y darle rol protagónico a la exfiscal Luisa Ortega Díaz, quien también tiene inocultables ambiciones políticas.

Por supuesto que la idea de lanzarse a la aventura de actuar en concierto con las tales autoridades en el exilio tampoco tiene apoyo entre los que respaldan la candidatura presidencial de Henri Falcón. Esa rocambolesca estratagema podría enrarecer el clima electoral y darle al Gobierno argumentos para demostrar la falta de foco del antichavismo y su alianza con factores extranjeros.

Enredados en sus telarañas


En los sectores más razonables de la oposición, la idea del juicio a Maduro genera muchas dudas.

En primer lugar, consideran que la denuncia que sirve de base al supuesto juicio, una acusación presentada por Ortega Díaz, es de una debilidad palmaria. Entre otras razones, es muy difícil de entender por qué la exfiscal intenta proceder ahora con casos que datan hasta de 2011, y no tomó medida alguna mientras estuvo en el cargo, hasta agosto de 2017. Si lo hubiese hecho, podría alegar que las investigaciones fueron bloqueadas o que recibió presiones. Pero ni eso.

Algunos parlamentarios también consideran que autorizar el enjuiciamiento de Maduro a estas alturas es un contrasentido, toda vez que la misma Asamblea Nacional declaró vacante la presidencia, por abandono, en 2016.

El constituyente, analista político y humorista Alberto Aranguibel expuso otra de las contradicciones flagrantes que quedarían al desnudo: “Se pasan cinco años descalificando la legitimidad de Maduro porque y que es colombiano y luego pretenden que la gente reconozca como legítima la espuria sesión de unos prófugos de la justicia reunidos en la sede del Parlamento en Bogotá. No me jodan”.

(LaIguana.TV)
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