De acuerdo con el guion, la Asamblea
Nacional en desacato debió aprobar el martes 10, tan pronto tuvo la
oportunidad, la solicitud de enjuiciamiento del presidente Nicolás
Maduro, formulada por el Tribunal Supremo "en el exilio". Pero no lo
hizo. Al menos por el momento, desacató también esas instrucciones
venidas desde el extranjero. ¿Por qué ha actuado de esa forma?
El presidente de la AN, Omar
Barboza, se puso exigente con las formalidades reglamentarias. Dijo que
el Parlamento discutirá el tema cuando llegue la solicitud.
Barboza expresó que “esta Asamblea tiene toda la intención de tratar el tema, pero las estipulaciones de la Constitución deben cumplirse a cabalidad”. La postura legalista del diputado de Un Nuevo Tiempo puede parecer un chiste, si se considera que la "sentencia" fue dada, firmada y sellada en Bogotá, en un salón de sesiones del Senado de Colombia y con Álvaro Uribe entre los anfitriones.
¿Por qué no llegó el "oficio"? Es algo inexplicable, sobre todo si se considera que tanto el "TSJ en el exilio" como la "fiscal en el exilio" fueron muy diligentes al despachar en un par de jornadas la acusación contra Maduro. Fue un trámite realmente sumario, al punto que citaron a Maduro a Bogotá, y como él, naturalmente, no fue, le designaron un defensor en ausencia.
Barboza expresó que “esta Asamblea tiene toda la intención de tratar el tema, pero las estipulaciones de la Constitución deben cumplirse a cabalidad”. La postura legalista del diputado de Un Nuevo Tiempo puede parecer un chiste, si se considera que la "sentencia" fue dada, firmada y sellada en Bogotá, en un salón de sesiones del Senado de Colombia y con Álvaro Uribe entre los anfitriones.
¿Por qué no llegó el "oficio"? Es algo inexplicable, sobre todo si se considera que tanto el "TSJ en el exilio" como la "fiscal en el exilio" fueron muy diligentes al despachar en un par de jornadas la acusación contra Maduro. Fue un trámite realmente sumario, al punto que citaron a Maduro a Bogotá, y como él, naturalmente, no fue, le designaron un defensor en ausencia.
Unos bromistas, que nunca faltan,
dijeron que, como corresponde a un tribunal en el exilio, el documento
solo puede llegar a Caracas a través de una red clandestina para que no
sea interceptado por los esbirros de la dictadura. “Debe venir ahora
mismo por Barquisimeto o San Carlos”, especularon. Otros, no menos
humorísticos, dijeron que el mensajero encargado de traer el oficio
cometió el error de comprar el pasaje por Copa, la línea aérea panameña
cuyos vuelos se encuentran suspendidos.
La Dirección Estratégica de Comunicación
y Relaciones Institucionales de la AN emitió un comunicado en el que
afirma que no se ha recibido formalmente el documento emanado del TSJ en
el exilio. “El oficio que se encuentra circulando es una mera copia”,
aclara con un tono muy objetivo la referida dependencia.
Rivalidades, para variar
El episodio mostró, una vez más las fisuras existentes en el seno de la oposición. Los grupos Voluntad Popular, Vente Venezuela y Alianza Bravo Pueblo pretendían discutir el tema de inmediato, mientras Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia optaron por el pretexto de esperar por el oficio.
A Alianza Bravo Pueblo le interesa
especialmente que la AN apruebe el pretendido juicio, toda vez que su
líder, Antonio Ledezma, ha sido designado como “presidente en el
exilio”. Aunque el cargo parece metafórico, a algunos personajes dentro
de la oposición les causa ataques de celos y les hace ruido que Ledezma
pueda aprovechar esa insólita jerarquía para “colarse por los palos” en
una eventual sucesión.
Conocedores de la dinámica interna de la
maltrecha coalición opositora aseguran que entre quienes creen que
Ledezma sacaría provecho de la jugada del juicio está el grupo de
Primero Justicia que defiende los intereses de Julio Borges. En AD, en
tanto, Henry Ramos Allup tampoco se anima con la idea de inflar al
antiguo dirigente acciondemocratista, cuyas mañas políticas conoce muy
bien.
Adicionalmente, son varios los
dirigentes contrarrevolucionarios que rechazan esta iniciativa porque
implica perdonar y darle rol protagónico a la exfiscal Luisa Ortega
Díaz, quien también tiene inocultables ambiciones políticas.
Por supuesto que la idea de lanzarse a
la aventura de actuar en concierto con las tales autoridades en el
exilio tampoco tiene apoyo entre los que respaldan la candidatura
presidencial de Henri Falcón. Esa rocambolesca estratagema podría
enrarecer el clima electoral y darle al Gobierno argumentos para
demostrar la falta de foco del antichavismo y su alianza con factores
extranjeros.
Enredados en sus telarañas
En primer lugar, consideran que la
denuncia que sirve de base al supuesto juicio, una acusación presentada
por Ortega Díaz, es de una debilidad palmaria. Entre otras razones, es
muy difícil de entender por qué la exfiscal intenta proceder ahora con
casos que datan hasta de 2011, y no tomó medida alguna mientras estuvo
en el cargo, hasta agosto de 2017. Si lo hubiese hecho, podría alegar
que las investigaciones fueron bloqueadas o que recibió presiones. Pero
ni eso.
Algunos parlamentarios también
consideran que autorizar el enjuiciamiento de Maduro a estas alturas es
un contrasentido, toda vez que la misma Asamblea Nacional declaró
vacante la presidencia, por abandono, en 2016.
El constituyente, analista político y
humorista Alberto Aranguibel expuso otra de las contradicciones
flagrantes que quedarían al desnudo: “Se pasan cinco años descalificando
la legitimidad de Maduro porque y que es colombiano y luego pretenden
que la gente reconozca como legítima la espuria sesión de unos prófugos
de la justicia reunidos en la sede del Parlamento en Bogotá. No me
jodan”.
(LaIguana.TV)