Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora
En el intento de detener las luchas por la tierra de los campesinos y las campesinas, para las mafias agrarias no hay métodos descartables. Sicariato, torturas, amenazas, quema de siembra y casas (cambuches, en términos de campo), desalojos.

Sicariato puede leerse frío y hasta lejano; asesinato de hijos de campesinos, asesinato de campesinos previamente torturados y mutilados suena más impactante, aunque lamentablemente sea una realidad. Estos son los métodos violentos. No son los únicos. Estas prácticas fueron las que las mafias aplicaron durante 2018 en distintos estados del país (Mérida, Zulia, Barinas). La violencia no detuvo la lucha por la tierra y la producción de alimentos que las familias campesinas siguen llevando adelante.

Además, las mafias agrarias aplican otros métodos. A la dilación de las instituciones encargadas de otorgar la titularidad de las tierras a las manos que las trabajan, se suma la criminalización, la persecución judicial, el acoso y hostigamiento hacia los y las dirigentes campesinos. En el Sur del Lago actualmente avanzan en este método.

¿Cuál es el supuesto delito de éstos dirigentes? Impulsar la reactivación productiva del campo. Incentivar la producción en lo que previamente eras tierras improductivas en manos de terratenientes que únicamente las utilizaban para negociados. Dar pasos concretos para avanzar en la soberanía alimentaria. Defender la democracia en momentos en que el país es atacado por fuerzas externas con complicidades locales. 

Como no pueden expresar públicamente estos cargos, Camilo Bastos, fiscal general de Mérida, al igual que Jesús Leonardo Ojeda Coronel, fiscal auxiliar de la fiscalía 6ta del El Vigía, inician procesos totalmente irregulares para amedrentar e intimidar a quienes están al frente de la pelea por la producción en la zona. Expedientes montados con denuncias que nisiquiera llevan la cédula de los supuestos denunciantes, es un ejemplo de las prácticas que ambos funcionarios realizan. Morel Varilla, militante de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, es víctima de este tipo de persecuciones que estas autoridades judiciales implementan impunemente.

Las comunidades campesinas, como las organizaciones que trabajan día a día junto a ellas, hacen un llamado a las distintas autoridades de Derechos Humanos: a la Fiscalía General de la República, en la persona del fiscal general Tarek William Saab, al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, para que intercedan ante estas autoridades locales y logren detener la persecución que las mismas llevan contra campesinos y campesinas que no hacen más que producir los alimentos en un contexto en donde el país más lo necesita. 

Así lo entiende el presidente Nicolás Maduro, quien en agosto del año pasado le dio la tarea a Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, de ponerse al frente de la comisión que se encargue de detener este tipo de prácticas de persecución, intimidación, allanamientos y criminalización contra cientos de campesinos y campesinas en distintos estados del país.