El poder que olvida al pueblo termina perdiéndolo
Por Julio Ramos
En la política, el poder no debería entenderse como un privilegio personal ni como una plataforma para satisfacer ambiciones individuales. El poder público es, ante todo, una responsabilidad entregada por el pueblo. Cada gobernador, alcalde, funcionario o dirigente debe recordar que su autoridad nace de la confianza ciudadana y que, por tanto, está obligado a gobernar con humildad, sensibilidad y compromiso social.
Sin embargo, con preocupación se observa cómo algunos gobernantes comienzan su gestión prometiendo cercanía, participación y soluciones, pero con el paso del tiempo se alejan de las comunidades. Dejan de caminar por los barrios, ya no escuchan directamente a los vecinos y prefieren rodearse de funcionarios que les transmiten únicamente aquello que desean oír. La realidad queda entonces escondida detrás de informes, fotografías y discursos, mientras los problemas cotidianos continúan afectando a miles de familias.
La arrogancia suele aparecer cuando el funcionario confunde el cargo con una propiedad personal. Se olvida de que fue elegido para servir y comienza a exigir obediencia; deja de aceptar críticas y califica como enemigos a quienes reclaman sus derechos. En lugar de responder a las necesidades de la población, algunos gobernantes buscan justificar sus errores, culpar a terceros o presentar como logros acciones que no resuelven los problemas estructurales de las comunidades.
Esta manera de ejercer la política contradice los principios de la Revolución Bolivariana y el legado del comandante Hugo Chávez. El proyecto bolivariano siempre planteó la necesidad de gobernar con el pueblo, escuchar sus propuestas, estimular su participación y convertirlo en protagonista de las transformaciones sociales. Chávez insistió en que el funcionario revolucionario debía tener conciencia, disciplina, sensibilidad y disposición permanente para servir a las mayorías.
Por eso, no basta con pronunciar consignas revolucionarias, asistir a actos oficiales o citar el pensamiento del comandante. La lealtad a ese legado se demuestra en la práctica: atendiendo a las comunidades, dando respuestas oportunas, promoviendo la participación popular y administrando los recursos públicos con transparencia. También se demuestra aceptando las críticas y corrigiendo el rumbo cuando las políticas aplicadas no producen los resultados esperados.
Traicionar estos principios no significa únicamente apartarse de una línea política; significa también defraudar la esperanza de quienes confiaron en un proyecto de justicia social. El pueblo no espera gobernantes perfectos, pero sí funcionarios honestos, trabajadores y capaces de reconocer sus limitaciones. La gente puede comprender las dificultades económicas, administrativas o presupuestarias, pero difícilmente acepta la indiferencia, el maltrato, la falta de información y la ausencia de voluntad para buscar soluciones.
Los servicios públicos, la vialidad, el agua, la salud, la educación, la seguridad y la atención social no pueden ser tratados como favores. Son derechos de la población y obligaciones de los gobiernos. Cada comunidad que espera una respuesta durante meses, cada adulto mayor que no recibe atención, cada familia que enfrenta dificultades sin acompañamiento y cada trabajador que es ignorado representan una deuda que crece con el tiempo.
El problema se agrava cuando los gobernantes se rodean de aduladores. El adulador no ayuda a corregir; únicamente protege su propio interés. Le dice al jefe que todo está bien mientras las calles muestran otra realidad. Le asegura que el pueblo está satisfecho, aunque las comunidades reclamen. De esta manera, el funcionario termina gobernando una realidad ficticia, construida a partir de informes complacientes y aplausos interesados.
Pero el pueblo observa. Observa quién trabaja y quién aparenta; quién visita las comunidades y quién solo aparece en eventos; quién rinde cuentas y quién evade las preguntas; quién cumple sus compromisos y quién utiliza la promesa como mecanismo para conservar apoyo. Aunque muchas veces la gente guarde silencio por prudencia o por cansancio, su memoria permanece intacta.
El tiempo pasa más rápido de lo que muchos políticos imaginan. Los años de gestión parecen largos cuando comienzan, pero terminan con rapidez. Lo que hoy parece una pequeña falla mañana puede transformarse en una causa profunda de descontento. Una promesa incumplida se suma a otra; una puerta cerrada se suma a muchas más; una respuesta arrogante deja una herida que difícilmente se borra.
La factura política no siempre llega de inmediato, pero llega. Puede expresarse en la pérdida de confianza, en la disminución de la participación, en el rechazo ciudadano o en una decisión electoral. También puede manifestarse en la ausencia de respaldo social cuando el gobernante necesita defender su gestión. Quien no escucha al pueblo cuando tiene poder difícilmente será escuchado por ese mismo pueblo cuando deje el cargo.
Por eso, gobernadores y alcaldes deben comprender que la autoridad no se sostiene con soberbia, amenazas ni control de la información. Se sostiene con resultados, transparencia, respeto y capacidad de diálogo. La verdadera fortaleza de un gobernante no consiste en evitar las críticas, sino en tener la madurez para escucharlas y convertirlas en instrumentos de rectificación.
Todavía hay tiempo para cambiar. Es necesario volver a las comunidades, abrir espacios de participación, atender a los consejos comunales, conversar con los trabajadores, escuchar a los jóvenes, acompañar a los adultos mayores y responder a las organizaciones sociales. Gobernar no es únicamente inaugurar obras o aparecer en fotografías; gobernar es estar presente cuando surgen las dificultades y asumir la responsabilidad de buscar soluciones.
El pueblo no exige privilegios: exige respeto. No pide discursos vacíos: pide respuestas. No reclama funcionarios infalibles: reclama servidores públicos con honestidad y disposición. La política debe recuperar su sentido humano, su vocación de servicio y su compromiso con las mayorías.
Quienes se olvidan del pueblo deben recordar que ningún cargo es eterno. Las oficinas cambian de ocupantes, los períodos terminan y las posiciones de poder son transitorias. Lo que permanece es la huella dejada en la vida de la gente. Algunos serán recordados por su humildad y su capacidad de servir; otros, por su indiferencia y su soberbia.
El poder que olvida al pueblo termina perdiéndolo. Y cuando llega el momento de rendir cuentas, no bastan las excusas, los discursos ni las consignas. La historia política de cada gobernante se escribe con hechos. El pueblo, paciente pero consciente, sabe esperar; pero también sabe evaluar y pasar factura.