La petrolera venezolana PDVSA apeló una decisión 
federal de EE.UU. que permite a uno de sus acreedores apoderarse de su 
filial norteamericana Citgo Petroleum.
La estatal Petróleos de 
Venezuela (PDVSA) recurrió la sentencia del juez federal estadounidense 
Leonard Stark, quien dictaminó el jueves que la compañía minera 
canadiense Crystallex se cobre una multimillonaria deuda de 1200 
millones de dólares del Gobierno venezolano. Esta orden judicial aumenta
 la probabilidad de que PDVSA pierda el control de un activo externo 
valioso en medio de la crisis económica y política por la que atraviesa 
la nación suramericana.
El juez rechazó el argumento de PDVSA, que alegó que es una entidad 
independiente del Gobierno venezolano y que no debería ser considerada 
responsable de las deudas del país. Sin embargo, el magistrado favoreció
 la afirmación de Crystallex de que Citgo (con sede en Texas, en EE.UU.)
 es un alter ego del Gobierno.
Aunque la orden fue emitida el jueves, se ordenó a los representantes
 de Crystallex y Venezuela deliberar dentro de una semana y reunirse de 
nuevo con el juez, por lo que las acciones de Citgo no se transferirán 
inmediatamente a la minera canadiense.
El fallo a favor de Crystallex International Corp. podría abrir la 
puerta para que otros acreedores consigan cobrarse las deudas de 
Venezuela, que junto a PDVSA ha sido declarado en default parcial por varias calificadoras de riesgo.
Estados
 Unidos está considerando sanciones financieras a Venezuela que 
detendrían los pagos en dólares por el petróleo del país 
latinoamericano, según fuentes.
Todo este asunto se remonta a 2011, cuando el fallecido presidente 
venezolano Hugo Chávez nacionalizó una mina que había sido concedida a 
Crystallex, pero no indemnizó a la empresa a pesar de un acuerdo 
alcanzado en un panel de arbitraje internacional.
Estados Unidos, que ha impuesto sanciones financieras a Venezuela y PDVSA,
 autorizó a fines de julio que ciudadanos o entidades estadounidenses 
puedan realizar algunas transacciones sobre los papeles de la estatal 
petrolera que vencen en 2020. Esta excepción permitiría a los tenedores 
de bono cobrarse el colateral sobre el posible impago, complicando aún 
más las finanzas de la petrolera venezolana. 
El Gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro, dice que los 
problemas económicos del país se deben a la caída de los precios del 
petróleo y, sobre todo, a la “guerra económica” de EE.UU.,
 con ayuda de la oposición venezolana, para desestabilizar el país 
caribeño mediante una estrategia basada en desabastecimiento, 
especulación y acaparamiento.
