Además
presentó balance de lucha contra abuso sexual a niños y adolescentes
Corresponsalía
Caracas
(Caracas, 18 de
diciembre de 2018)
El Fiscal
General de la República, Tarek William Saab, informó que fueron privados de
libertad cuatro directivos de la empresa mixta Petrowarao, tras presuntamente
efectuar una contratación irregular para el mantenimiento de un generador
eléctrico, situado en Pedernales, estado Delta Amacuro, lo que ocasionó un daño
patrimonial al país de 9 millones de dólares.
“El Ministerio
Público, en su férrea lucha contra la corrupción administrativa y en pro de la
ética pública, develó una nueva trama de corrupción que la anterior gestión no
judicializó”, sentenció la máxima autoridad del Ministerio Público durante
declaraciones ofrecidas este martes 18 de diciembre desde la sede principal de
la institución, en Caracas.
Saab reveló que
los involucrados son el gerente de Finanzas, Alimir Osorio Subero; la
administradora de Contratación, Yraima Candelaria López Velásquez; y los
superintendentes de Operaciones y Mantenimiento, Noel Enrique Ávila Jaime y
Freddy Daniel Márquez Vargas, respectivamente.
Fiscales del
organismo garante de la legalidad en Venezuela los imputaron por los delitos de
peculado doloso propio, evasión de procesos licitatorios y asociación.
“Con estos
cuatro, la cifra de funcionarios detenidos por corrupción petrolera alcanza a
100; ocho de los cuales ya han sido condenados y la mayoría acusados. Esto
revela una sistemática y permanente lucha para depurar nuestra industria
petrolera”, expresó el Fiscal General.
Indicó que la
investigación arrojó que las compañías Turbinas y Mecánica, C.A. (Turbimeca); Energy
Internacional, GE Energy Parts y Energy Controls Solutions
fueron contratadas en el año 2012 para ejecutar el mantenimiento mayor del
turbo generador Nº 1 del Campo Pedernales.
Estas cuatro
empresas cerraron un acuerdo comercial sin cumplir con los procedimientos
regulares licitatorios y sin contar con la respectiva anuencia de la junta
directiva de Petrowarao, en un período en el cual “no existía un Ministerio
Público que investigara”, expresó Saab.
“Si este caso
ocurrió en 2012 debió judicializarse, pero sabemos que había una exfiscal
corrupta, hoy viviendo como una delincuente en Bogotá, Colombia. Este es uno de
los casos que no fueron investigados durante su gestión y de hacerlo, era para
extorsionar junto a su esposo y su séquito de directores corruptos”, añadió.
Detalló que los
ejecutivos aprobaron la adjudicación del mencionado contrato de forma directa y
en función de un informe extemporáneo realizado por la empresa Energy
Solutions en octubre de 2007. Lo hicieron, además, sin que existiera un
presupuesto base detallado, que permitiera la verificación de los recursos
aprobados para cada una de las partidas presentadas en la oferta.
Asimismo,
emitieron anticipos a las empresas internacionales GE Energy Parts y
Energy Control Solutions por 4 millones 100 mil dólares y 750 mil dólares,
respectivamente, sin que éstos se estuvieran contemplados en el contrato. Los
mismos se hicieron manualmente a una cuenta particular mediante documentos
contables, sin ser registrados en el sistema SAP, obviando los procedimientos
establecidos.
El valor del
contrato fue de 5 millones de dólares y 27 millones 380 mil bolívares
(equivalentes a 4 millones 300 mil dólares a la tasa oficial de la época).
Adicional a
todas estas irregularidades, la investigación determinó que entre 2009 y 2015
no se realizaron los mantenimientos preventivos a este turbo generador, lo que
ocasionó la paralización del servicio de generación eléctrica por 235 días,
afectando a las comunidades vecinas al Campo Pedernales y a la producción de la
empresa mixta.
Abuso sexual en niños y
adolescentes
El Fiscal
General de la República anunció, por otra parte, la detención de Gianfranco
Agostinone, quien será presentado en las próximas horas ante un tribunal de
control del estado Anzoátegui por la presunta comisión del delito de abuso
sexual a adolescente en grado de continuidad.
Su captura se
materializó cuando arribó a Venezuela procedente de Estados Unidos, luego de
que el gobierno de ese país lo deportara.
Añadió que este
hombre, conocido como “El monstruo de Lechería”, estaba en Miami, a pesar de
tener dos investigaciones abiertas en el país por el referido tipo penal.
“Estos delitos
son los más repudiables, sucios y execrables que puedan existir. En algunas
sociedades industrializadas, para las élites financieras y políticas la
pedofilia es un deporte, pero en Venezuela no lo es, aquí se castiga de manera
férrea en el marco de la ley”, aseveró.
Sostuvo que
desde agosto de 2017 hasta el 16 de diciembre de 2018 ingresaron al Ministerio
Público un total de 4 mil 891 casos por abuso sexual contra niños, niñas y
adolescentes, con mayor incidencia en Zulia (718), Caracas (602), Carabobo
(487) y Miranda (446).
Adicionó que en
ese lapso se imputaron a mil 606 personas y se acusaron a mil 380 por incurrir
en tipos penales relativos a esta competencia.
En este sentido,
felicitó a las personas que con valentía acuden a los órganos competentes para
interponer las denuncias, dado que “muchas veces hay gente poderosa detrás de
estos hechos”.
Puntualizó que
“hay personas con parafilias o desviaciones sexuales que agreden a menores de
edad sin importar la destrucción de sus familias”.
Saab adelantó
que en 2019 se firmará un convenio de cooperación con el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef), con el propósito de fortalecer las
capacidades técnicas de los fiscales y profesionales en materia de protección
de familia.