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 Soberanía: no se entrega al asaltante

Oscar González Ortiz

La confianza, en el ámbito de las naciones es construida sobre el respeto mutuo, inviolabilidad de principios soberanos y Derecho Internacional. Por consiguiente, resulta contradictorio contemplar la posibilidad de confiar la industria petrolera nacional a una potencia cuyas acciones históricas y declaraciones configuraron un patrón de agresión constante. 

La memoria registra, desde el sostenimiento del asedio económico y naval hasta la agresión militar —bombardeo y secuestro del Presidente— una trayectoria definida por la coacción. Más allá de las medidas coercitivas unilaterales, denominadas sanciones, que estrangularon la economía, crearon lo expresado en redes sociales, un capítulo revelador: la autoproclamación de un ciudadano extranjero como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela; este acto, sin precedentes en el Derecho Internacional va más allá de la injerencia para convertirse en fantasía de suplantación política.

La conciencia del pueblo tiene que enmarcarse en resistencia frente a los intentos de tutela externa que pretende administrar el petróleo. Resulta contrasentido histórico y ofensa a la inteligencia considerar la entrega de la industria petrolera a quienes catalogaron a esta nación como amenaza “inusual y extraordinaria”, que con el asedio naval y sanciones económicas configuraron escenarios de guerra silenciosa orientada a doblegar la voluntad soberana, mediante la privación de vivir soberanamente. 

Quienes intentan capturar la institucionalidad a través del secuestro del Presidente de la República promoviendo a un presidente interino extranjero autoproclamado, carecen de autoridad moral para gestionar los recursos que pertenecen a Venezuela. La historia registra múltiples experimentos de desestabilización donde ensayaron fórmulas de interinatos vacíos y liderazgos sin votos.

La aparición del presidente interino extranjero constituye una soberbia que ignora fronteras de soberanía. La solicitud del estado de emergencia nacional en otras latitudes para supuestamente proteger los activos petroleros venezolanos, es un velo jurídico para la apropiación indebida. 

Estos ataques, sumados a expresiones de desprecio hacia la identidad del pueblo, revelan la visión colonialista que subestima la capacidad de respuesta de una patria con memoria. 

El fracaso del bloqueo en sus objetivos desplazó la estrategia hacia la amenaza de un segundo ataque directo. Las compañías petroleras globales observan con cautela cómo la ambición de apropiación choca con la realidad de una infraestructura que únicamente funciona bajo el respeto a la autodeterminación. 

La continuidad de las presiones bélicas y el uso de la fuerza sólo fortalecen la convicción de que el petróleo es el escudo de dignidad nacional.

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