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La petrolera venezolana PDVSA apeló una decisión federal de EE.UU. que permite a uno de sus acreedores apoderarse de su filial norteamericana Citgo Petroleum.
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) recurrió la sentencia del juez federal estadounidense Leonard Stark, quien dictaminó el jueves que la compañía minera canadiense Crystallex se cobre una multimillonaria deuda de 1200 millones de dólares del Gobierno venezolano. Esta orden judicial aumenta la probabilidad de que PDVSA pierda el control de un activo externo valioso en medio de la crisis económica y política por la que atraviesa la nación suramericana.
El juez rechazó el argumento de PDVSA, que alegó que es una entidad independiente del Gobierno venezolano y que no debería ser considerada responsable de las deudas del país. Sin embargo, el magistrado favoreció la afirmación de Crystallex de que Citgo (con sede en Texas, en EE.UU.) es un alter ego del Gobierno.
Aunque la orden fue emitida el jueves, se ordenó a los representantes de Crystallex y Venezuela deliberar dentro de una semana y reunirse de nuevo con el juez, por lo que las acciones de Citgo no se transferirán inmediatamente a la minera canadiense.
El fallo a favor de Crystallex International Corp. podría abrir la puerta para que otros acreedores consigan cobrarse las deudas de Venezuela, que junto a PDVSA ha sido declarado en default parcial por varias calificadoras de riesgo.

EEUU prepara ‘ofensiva petrolera’ contra Venezuela | HISPANTV
Estados Unidos está considerando sanciones financieras a Venezuela que detendrían los pagos en dólares por el petróleo del país latinoamericano, según fuentes.

Todo este asunto se remonta a 2011, cuando el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez nacionalizó una mina que había sido concedida a Crystallex, pero no indemnizó a la empresa a pesar de un acuerdo alcanzado en un panel de arbitraje internacional.
Estados Unidos, que ha impuesto sanciones financieras a Venezuela y PDVSA, autorizó a fines de julio que ciudadanos o entidades estadounidenses puedan realizar algunas transacciones sobre los papeles de la estatal petrolera que vencen en 2020. Esta excepción permitiría a los tenedores de bono cobrarse el colateral sobre el posible impago, complicando aún más las finanzas de la petrolera venezolana. 
El Gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro, dice que los problemas económicos del país se deben a la caída de los precios del petróleo y, sobre todo, a la “guerra económica” de EE.UU., con ayuda de la oposición venezolana, para desestabilizar el país caribeño mediante una estrategia basada en desabastecimiento, especulación y acaparamiento.
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